Ese fue el primer acercamiento, aunque fuera infructuoso, después de que el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior manifestara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno una serie de expresiones «ofensivas e injuriosas» dirigidas «a lesionar la dignidad, menoscabar la fama y atentatorias de la propia estimación» de Díaz Villarig como presidente del Consejo, según figura en la querella a la que ha tenido acceso este periódico de fuentes judiciales.
En ella el querellante exige 60.000 euros como indemnización «por los daños morales» al ponerse en duda su buen nombre y su honorabilidad como persona pública. Este dinero, tal y como señala el documento, irá destinado a «paliar daños y perjuicios sufridos por el personal sanitario que se haya visto afectado por la Covid-19». Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 tendrá que decidir si admite o no la demanda a trámite.