A partir del viernes 25 de junio, las personas que sufran «una enfermedad grave e incurable» o «un padecimiento grave, crónico o imposibilitante» que afecte a su autonomía y les ocasione un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» podrán solicitar la eutanasia a su médico de referencia, un derecho incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud después de que entre en vigor la Ley de Eutanasia (Lore), que establece que la prestación de ayuda a morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, en el domicilio del paciente o en los centros residenciales de mayores y de personas con discapacidad, como hogares de residencia habitual.
La Junta de Castilla y León aprobará en el Consejo de Gobierno del jueves 24 de junio el decreto que regula el nombramiento de la Comisión de Evaluación y Garantía para que, inmediatamente después, se pueda nombrar a los profesionales que formarán parte de este comité de garantía, del que formarán parte 19 profesionales de Castilla y León del mundo de la judicatura, medicina y enfermería.
A petición de la Consejería de Sanidad, el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ha propuesto los nombres de tres de los cinco médicos que deberían formar parte de ese comité, entre los que se encuentran el jefe de Oncología del Hospital de León, Andrés García Palomo, el jefe de Cuidados Paliativos de Salamanca y un médico de Atención Primaria de Segovia. «Mañana tenemos una reunión en el Consejo para abordar las objeciones de conciencia», adelanta Villarig. La Consejería de Sanidad abrió el pasado 16 de junio el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Profesionales Sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda a morir en Castilla y León, un periodo que se prolongará hasta el 30 de junio. «La Ley se ha aprobado sin contar con la opinión de los consejos profesionales de España. Como organización profesional lo que pedimos es que se garantice a todo el mundo la objeción de conciencia», afirma Villarig.